La Confederación de AMPA de España recalca que la reforma educativa se ha diseñado contando con la comunidad, de forma consensuada y tras un largo debate que ha incluido más de 80 comparecencias en la subcomisión del Congreso, 43.000 comunicaciones y 100 aportaciones de colectivos de diversa índole.
Reproducimos a continuación el contenido íntegro de la nota de prensa emitida por CEAPA el 19 de noviembre de 2020:
La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) ha repasado los principales cambios que supondrá la aprobación la LOMLOE, conocida erróneamente como ‘Ley Celaá’ y que comienza hoy jueves la votación del dictamen de Educación tras analizar las más de mil enmiendas parciales al texto. En líneas generales, CEAPA apoya un nuevo texto que servirá para eliminar una ley que se aprobó en 2013 aprovechando una mayoría absoluta, y que “castiga” a la comunidad educativa.
El movimiento de familias, el de mayor representación de España, destaca que el nuevo texto ha sido participado por la comunidad educativa, que ha estudiado y votado cada una de las más de 550 enmiendas que se suscitaron en el seno del Consejo Escolar del Estado, y pone las bases para avanzar hacia un modelo de educación “más moderno, plural, equitativo y de igualdad de oportunidades”. Además, se trata de un texto redactado atendiendo siempre de forma prioritaria al derecho a la educación de los menores.
La Confederación ha repasado los principales cambios que supondrá la entrada en vigor de esta reforma educativa frente a la LOMCE y destaca la apuesta por la escuela pública, materializada en dar prioridad a la inversión de dinero público en estos centros. Sin embargo, esta línea no supone la eliminación de la educación privada concertada sino una revisión de la situación legal de los conciertos, que se han ido incrementando de manera progresiva en los últimos años.
La LOMLOE sí desmonta el concepto de “demanda social”, eufemismo que ha servido para propiciar, entre otras prácticas, la cesión de terreno público para construir centros concertados que, en determinadas zonas de nueva población, se han convertido en la única opción y han favorecido el lucro de las empresas del sector. El nuevo proyecto de Ley educativa contempla la existencia de los conciertos educativos con modelos limitados y siempre revisando la inversión en estos colegios y blindando la escuela pública como el pilar básico del sistema educativo.
CEAPA apoya la nueva ley porque servirá para derogar una norma impuesta y perjudicial. Por eso, el colectivo aplaude una reforma que supondrá un punto de inflexión. “El derecho a la educación, amparado por la Constitución, obliga a los poderes públicos a garantizar su cumplimiento, y es en el marco de la escuela pública donde se sitúa la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación de todos los niños, niñas y jóvenes”.
La Confederación puntualiza que la LOMLOE mantiene en las familias la decisión de elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos e hijas, un derecho que no muta por el hecho de que la reforma educativa incluya que se comprobará que ningún colegio mantenido con fondos públicos discrimine a ningún estudiante por sus condiciones socioeconómicas o de cualquier otra naturaleza.
Además, entiende que esta nueva norma no es un instrumento para eliminar el castellano como lengua vehicular ya que la LOMLOE garantiza el “respeto del castellano” y de las lenguas establecidas como oficiales en las comunidades, que es lo que establece la Constitución y los Estatutos de Autonomía, entre otras normas.
Tras analizar el texto, CEAPA subraya que el castellano tendrá presencia real en el proceso educativo de todo el alumnado, con independencia de la Comunidad Autónoma donde resida, ya que la nueva norma busca precisamente asegurar que todos los estudiantes terminen su educación básica con un dominio pleno de la lengua castellana, igual que de la lengua cooficial que también le sea propia, y de, al menos, un idioma extranjero. La reforma educativa también establece un control encaminado precisamente a garantizar que los alumnos y alumnas tienen la competencia lingüística del nivel de estudios que cursan.
Sobre las críticas a la eliminación de los centros de Educación Especial, el proyecto de Ley propone incrementar los recursos de los centros ordinarios, en la línea seguida por los organismos internacionales, para que todas las familias puedan optar por uno de estos centros y que este colegio ofrezca plenas garantías de calidad en la atención, pero no elimina la opción de los centros de Educación Especial, dejando claro que la verdadera inclusión exige lograr que la inmensa mayoría del alumnado realice su proceso educativo en los centros ordinarios con todos los recursos humanos y materiales que lo hagan realmente posible.
CEAPA reconoce que habría querido una norma más dura con los conciertos educativos o que sacara las clases de religión de las aulas durante el horario lectivo, y sobre todo, que dejase más clara la democracia y la participación real dentro de los consejos escolares de los centros con el peso que debería corresponder tanto a las familias como al alumnado. Pese a estas apreciaciones, apoya una reforma educativa que en campaña electoral se comprometieron a derogar la mayoría de los grupos políticos y que acabará con el sistema “arcaico y segregador” de la LOMCE.
Por estos datos, desde la Confederación respaldamos esta ley que consideramos será un punto de partida desde el que diseñar la educación del siglo XXI y que presenta margen de mejora.